El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el pasado 23 de Octubre el Plan de Empleo Social, dotado con 24 millones de euros y que permitirá 4.000 contrataciones de seis meses, y una modificación de crédito para destinar cinco millones a garantizar unos mínimos vitales de luz y agua este invierno.
Nuestro Secretario General Local, Juan Carlos Castillo, y portavoz en el ayuntamiento nos ha confirmado que a Azuaga le corresponderán 129.000 euros para este plan de empleo social.
El presidente regional, Guillermo Fernández Vara, dio a conocer estos acuerdos en una rueda de prensa en la que fue acompañado por los máximos responsables de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Rosario Cordero, respectivamente.
El Plan de Empleo Social, al que cada diputación aporta seis millones, está destinado a emplear durante seis meses a los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones y las contrataciones correrán a cargo de los ayuntamientos, en un 80 por ciento, y el resto por parte de empresas y ONGs.
Cada ayuntamiento recibirá un mínimo de 6.000 euros, para hacer al menos una contratación, y a partir de ahí en el reparto del dinero se tendrá en cuenta el número de personas en edad de trabajar y de desempleados de cada localidad, precisó el presidente extremeño.
Los criterios en el caso de empresas y ONGs incluyen el carácter social de los proyectos, el número de contrataciones que se vayan a formalizar, el hecho de que las empresas cuenten con distintivo de acreditación social, las condiciones socio-laborales y que las sociedades tengan implantados planes de igualdad.
La cuantía de la subvención por cada puesto de trabajo es de 6.000 euros y las contrataciones se hará en dos períodos: de diciembre a junio y de julio a diciembre.
En el caso de los perceptores de la renta básica, podrán optar a participar en este plan, aunque se considerará que ello forma parte de su programa individual de inserción y supondría la renuncia a la renta básica.
Fernández Vara destacó el esfuerzo que hacen las diputaciones con este plan, ya que ha considerado que desde las provincias «también se puede hacer región».
A esta filosofía se sumó Gallardo, que ha señaló que las diputaciones tienen que colaborar con la Junta en mejorar la vida de la gente, pero las prioridades las tiene que «marcar» el Ejecutivo regional, ya que tiene mayor conocimiento de la realidad.
Gallardo y Cordero criticaron las políticas de empleo e inclusión del PP en la anterior legislatura y por dejar solas a las diputaciones.
El plan persigue generar empleo, confianza en la gente y justicia social, según la presidenta de la Diputación de Cáceres, que destacó que por primera vez se confíe a los ayuntamientos una iniciativa de este tipo.
Cinco millones para suministros
Por otro lado, el decreto que regulará las ayudas para mínimos vitales, dotado de cinco millones, se aprobará las próximas semanas, según Fernández Vara, anunció que en pocos días se sacará también la última convocatoria de la renta básica, un sistema de solicitud que desaparecerá con la modificación de la ley.
El presidente extremeño declaró que la norma contra la pobreza energética es un primer paso y que esta situación se resolverá posteriormente con el decreto-ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
Para determinar los beneficiarios del Plan de Empleo Social y de las ayudas para mínimos vitales serán muy importantes los informes de los trabajadores de los servicios sociales de base.